Aprueba Congreso las minutas de reforma constitucional remitidas por el Congreso de la Unión
-En materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos y la relacionada a la Guardia Nacional, para formar parte de la SEDENA y ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Chihuahua.- El Congreso de Chihuahua aprobó las minutas de Decreto, remitidas por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, y la otra relativa a la Guardia Nacional, aprobada por mayoría de votos.
Fue la Junta de Coordinación Política, el órgano encargado de presentar los dictámenes mencionados ante el Pleno de la 68 Legislatura para su votación, en voz de las diputadas Magdalena Rentería (MORENA) e Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT).
En relación a la minuta en materia de pueblos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, es de resaltar que esta reforma representa un avance significativo para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ya que se reconocen y salvaguardan sus derechos, respetando sus usos y costumbres, disminuyendo con esto, la brecha de desigualdad que todavía prevalece en la sociedad mexicana y chihuahuense.
Ahora bien, de acuerdo a lo contenido en el dictamen relativo a la minuta en materia de Guardia Nacional, con las reformas a la Constitución Política, se busca dotar al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional, disciplinada y profesional, capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado y otras amenazas a la seguridad. Aunque existen preocupaciones sobre la militarización parcial de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales garantizan un control civil y el respeto a los derechos humanos, estableciendo mecanismos claros de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Es dado a la situación actual de inseguridad y violencia, que la creación de la Guardia Nacional y su integración en el marco constitucional es una medida justificada para proteger a la población y garantizar la paz pública.
