Estados Unidos suspende indefinidamente la ley texana SB4 que permitía arrestar y deportar a presuntos migrantes
Washington D.C. - La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha emitido una suspensión indefinida de la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que otorgaba facultades a la policía estatal y local para arrestar y deportar a México a cualquier persona "sospechosa" de haber cruzado ilegalmente la frontera sur.
El magistrado Samuel Alito, de tendencia conservadora, ordenó la suspensión, extendiendo una medida temporal emitida previamente. Esta decisión llega como resultado de una demanda presentada por la administración de Biden contra el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien se negó a suspender la aplicación de la ley.
La SB4, que apenas estuvo en operación durante unos minutos antes de ser suspendida, buscaba autorizar a las policías de Texas a deportar sumariamente a presuntos migrantes sin respetar el debido proceso. Además, pretendía establecer nuevos delitos estatales relacionados con la migración y permitir sentencias de hasta 20 años de prisión para migrantes reincidentes.
Esta suspensión ha sido celebrada por organizaciones defensoras de los derechos civiles y migratorios, como la ACLU de Texas, quienes han expresado su compromiso de continuar luchando contra esta legislación considerada como "antiinmigrante".
Por su parte, expertos en derecho internacional han señalado que la implementación de la SB4 podría generar conflictos legales con el gobierno mexicano, dado que autoridades estatales tendrían la capacidad de deportar a miles de personas al sur de la frontera sin considerar su estatus migratorio o nacionalidad.
La decisión de la Corte Suprema de suspender la SB4 indefinidamente disminuye las posibilidades de que entre en vigor, aunque el proceso sobre su constitucionalidad continúe. Esta situación recuerda a la disputa generada hace más de una década por la ley SB1070 en Arizona.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha celebrado esta resolución, reafirmando su compromiso con la protección consular de los mexicanos en Estados Unidos y rechazando cualquier medida que criminalice la migración y atente contra los derechos humanos.
