Falta de medicamentos y atención psiquiátrica, los problemas en Ceresos femeniles del Estado

Chihuahua.- La diputada Magdalena Rentería Pérez integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso una iniciativa con carácter de decreto con la finalidad de reformar el artículo 35 de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Chihuahua con la intención de garantizar la reinserción social de las personas privadas de su libertad, así como el respeto a los derechos humanos laborales de quienes se encuentran en los centros penitenciarios, observando en todo momento la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos.

La legisladora juarense explicó que su iniciativa se fundamenta en la dignidad y bienestar de todas las personas, independientemente de su condición jurídica, y que si bien las personas privadas de su libertad tienen restringidos ciertos derechos como consecuencia de haber cometido un hecho delictivo, pero siguen gozando de Derechos Humanos tales como Dignidad e Integridad Personal; Acceso a la Justicia; Condiciones de Vida Adecuadas; Salud, Comunicación y Visitas.

Sin embargo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos detectó que los derechos antes mencionados, no se ven salvaguardados en el Estado de Chihuahua. Donde se incluye que ni el personal operativo de seguridad tiene acceso a condiciones laborales justas, al percibir un salario deficiente y usar equipo de trabajo deficiente.

Pero tal diagnóstico encontró otras deficiencias como: riesgo para la seguridad e integridad personal de quienes viven o laboran en los centros penitenciarios, debido a la proximidad física entre los Ceresos femeniles número uno y número dos. Una tasa de ocupación del 106% en el Cereso femenil número dos.

Falta de abastecimiento regular de medicamentos, limitado acceso a exámenes especializados y dificultad para acceder a consultas con especialistas en distintas áreas médicas, principalmente de psiquiatría.

Por lo que la iniciativa de decreto busca concluyó la diputada Rentería, es diseñar, coordinar y evaluar la política estatal del sistema penitenciario observando en todo la Perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos buscando garantizar la reinserción en la sociedad de las personas privadas de su libertad, así como el respeto a los derechos humanos laborales del personal de los centros penitenciarios.