INE, en jaque por mapeo para elección judicial

México.- A pesar de que el Congreso aprobó la legislación secundaria para la elección del Poder Judicial, aún quedan pendientes varios temas que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá resolver a través de lineamientos y acuerdos. Estos temas incluyen la fiscalización de recursos, la designación de capacitadores electorales, la integración de mesas de casilla y los tiempos en radio y televisión, entre otros.

Las reformas a la Ley General de Institutos y Procedimientos Electorales y de Medios de Impugnación fueron aprobadas por Morena y sus aliados, estableciendo plazos y delineando la ruta para este proceso inédito en el país. Sin embargo, varias tareas quedan bajo la responsabilidad del INE, que se sujeta a esta nueva legislación.

Una de las etapas cruciales en este proceso es la cartografía electoral, que implica cómo se divide el territorio de acuerdo con la elección. Actualmente, la división es por 300 distritos electorales, pero esta configuración no coincide con la dinámica judicial, lo que requiere una nueva distribución. La ley establece que en diciembre próximo, el órgano de administración judicial deberá enviar al INE la división del territorio nacional por circuito judicial o circunscripción, indicando las entidades federativas involucradas y los cargos a elegir.

La Junta General Ejecutiva del INE elaborará un plan de coordinación en materia de organización electoral, especificando los órganos locales y distritales que colaborarán en la organización de la elección y en el cómputo de los resultados.

En cuanto a la fiscalización, la reforma constitucional prohíbe a los candidatos recibir financiamiento público o privado. El artículo 520 de la Ley General de Institutos y Procedimientos Electorales señala que los topes de gastos personales serán determinados por el Consejo General del INE, en función del tipo de elección. Para el proceso electoral de 2024, el tope de aportaciones para una candidatura independiente fue de 220 mil 326 pesos, y este dinero podrá ser utilizado para cubrir gastos personales y traslados, aunque se prohíbe la entrega de bienes en especie o efectivo.

Este proceso no incluirá precampañas, y la campaña durará 60 días, donde los candidatos podrán presentar sus propuestas sobre la función jurisdiccional y la impartición de justicia, siempre y cuando no contradigan lo establecido por la ley. Asimismo, los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo a favor o en contra de ningún candidato.

El INE también debe establecer acuerdos sobre los tiempos en radio y televisión, que no podrán ser contratados por separado, así como la integración y ubicación de las personas que conformarán las mesas de casilla el día de la elección.

El exconsejero electoral Marco Baños advirtió que la interpretación de la ley es amplia en ciertos aspectos, lo que obliga al INE a emitir los acuerdos necesarios para organizar la elección de jueces y magistrados. En particular, el INE deberá abordar la cartografía electoral y la distribución de los tiempos en medios, además de determinar el formato de los debates y la fiscalización de los recursos que los candidatos podrán utilizar.

La implementación de esta reforma representa un desafío significativo para el INE, que debe adaptarse a un nuevo marco legislativo y garantizar un proceso electoral transparente y eficiente.