Nacionalizan Exportadora de Sal en BCS
México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el sábado la nacionalización de Exportadora de Sal (ESSA), empresa líder mundial en la producción de sal, mediante la compra de la participación del 49% perteneciente a la compañía japonesa Mitsubishi, por un monto de 1,500 millones de pesos.
ESSA, ubicada en Guerrero Negro, Mulegé, Baja California Sur, ha sido objeto de atención debido a irregularidades detectadas en años recientes por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, informó durante un evento en Guerrero Negro que la adquisición de las acciones de Mitsubishi se llevó a cabo con el objetivo de consolidar una política social enfocada en el desarrollo económico sostenible y el empleo justo y debidamente remunerado.
Buenrostro destacó la importancia de ESSA en la industria salinera nacional e internacional, señalando que cuenta con la salina más grande del mundo y una producción anual superior a los 8 millones de toneladas, con capacidad para abastecer la región Asia-Pacífico y costa este de América del Norte.
México se ubica como el séptimo productor mundial de sal, con una producción de 8.7 millones de toneladas métricas, siendo este recurso un insumo fundamental en industrias farmacéuticas, textiles, químicas, de construcción y petroquímicas.
En un informe reciente, la Secretaría de Economía destacó los logros de ESSA, incluyendo la incorporación de una nueva área para la producción de sal en Mulegé, Baja California, que permitirá producir 350,000 toneladas métricas adicionales. Desde diciembre de 2018 hasta junio de 2023, la empresa ha producido un total de 30 millones 172,907 millones de toneladas de sal.
ESSA opera programas estratégicos para cumplir sus objetivos, como la producción de sal en Guerrero Negro, el transporte marítimo de sal a Isla de Cedros en Baja California, y ventas de sal FOB en Puerto Morro Redondo, Isla de Cedros.
Entre las irregularidades detectadas por la ASF se encuentran la adjudicación de contratos sin cumplir con la normatividad aplicable y la falta de documentación justificativa y comprobatoria de la ejecución de bienes y servicios.
