Reforma de AMLO sería nuevo intento de militarización

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado un conjunto de reformas constitucionales en materia de seguridad, que incluyen polémicas propuestas relacionadas con la Guardia Nacional (GN) y la prisión preventiva. Entre las medidas destacadas se encuentra la intención de otorgar un estatus militar a la GN, así como ampliar el espectro de delitos que acarrean prisión preventiva, a pesar de las críticas por considerarse violatorias de los derechos humanos.

Respecto a la GN, se plantea su reconocimiento como una fuerza policial permanente bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con un cuerpo compuesto íntegramente por personal militar. Esta propuesta suscita preocupación debido a la consolidación de un enfoque militarizado en la seguridad pública, otorgándole a las Fuerzas Armadas una influencia significativa en este ámbito.

Cabe mencionar que anteriormente se había intentado otorgar a la Sedena el control operativo y administrativo de la GN, pero esta medida fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a su conflicto con el carácter civil que se pretende para esta institución de seguridad.

La directora general de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, advierte sobre las implicaciones de esta propuesta, destacando el riesgo de una militarización continua de la seguridad pública, lo cual podría representar un aumento sustancial en el poder y presupuesto de las Fuerzas Armadas, desviando recursos de otras áreas prioritarias.

Por otro lado, en cuanto a la prisión preventiva, el presidente propone ampliar el catálogo de delitos que la ameritan, incluyendo la extorsión, el narcomenudeo, y la producción y compra-venta de drogas sintéticas. Esta medida enfrenta críticas, ya que se considera que podría derivar en una criminalización indirecta del consumo de drogas, en lugar de abordar efectivamente las causas subyacentes del problema.

Es importante tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado a México a eliminar la prisión preventiva debido a su impacto negativo en los derechos humanos. En este contexto, la propuesta de reforma genera preocupaciones sobre el respeto a los principios de legalidad y protección de los derechos fundamentales en el país.