Reforma Judicial pone en riesgo 127 mil plazas laborales y no contempla indemnizaciones
México.- La elección popular de personas juezas, magistradas y ministras contemplada en la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador podría tener un costo estimado en más de 22 mil millones de pesos.
La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a más de 127 mil personas en inestabilidad laboral y no contempla costos asociados a conflictos legales, pago de indemnizaciones y derechos adquiridos de las 6 mil 711 personas juzgadoras y magistradas de los estados y la Federación que podrían perder su trabajo de aprobarse esta iniciativa.
Datos de los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refieren que en 2023 los poderes judiciales locales se componían de 73 mil personas servidoras públicas, mientras que el Poder Judicial de la Federación era la fuente de empleo para 54 mil 388 personas.
Por ello, una reforma como la que se propone podría afectar y provocar “inestabilidad laboral grave” a las 127 mil 388 personas que actualmente trabajan dentro de los 33 poderes judiciales que hay en el país, de acuerdo con datos oficiales.
Tampoco contempla el costo al erario público que resultaría de destituir a las 5 mil 25 personas juzgadoras y magistradas que hay en los poderes judiciales estatales y a las mil 686 personas juzgadoras, magistradas y ministras del Poder Judicial de la Federación.
Estos costos al erario público, a su vez, estarían asociados a demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría el pago de indemnizaciones por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos.
“Hay un nerviosismo importante porque tampoco tienen la certeza de que en caso de que terminen sus contratos laborales, el gobierno los va a liquidar, y es un tema importante porque imagínate el costo que tendría liquidar a 1,600 servidores públicos (a nivel federal) que a lo mejor los que tienen carrera judicial, en el mejor de los casos, llevan 20 o 30 años trabajando en el cargo”, señala Ricardo Mendoza, titular de la Coordinación de Estado de Derecho del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM) en entrevista con Animal Político.
Por otro lado, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales también sufra despidos injustificados.
“Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o con base en otros criterios políticos”, refiere la Corte.
