Trump confirma que declarará emergencia nacional para deportaciones masivas
Washington.- El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que planea declarar un estado de emergencia a raíz de la crisis migratoria en la frontera con México y empleará las fuerzas armadas para realizar las deportaciones masivas de indocumentados que había prometido durante su campaña electoral.
Trump, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, afirmó en respuesta a un tuit del presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, que efectivamente utilizará recursos militares para revertir lo que él describe como "la invasión migrante" bajo el gobierno de Joe Biden. Fitton, un influyente líder conservador que ha sido clave en la instalación de jueces ultraconservadores en la Suprema Corte, expresó que el mandatario entrante está preparado para declarar una emergencia nacional para facilitar este esfuerzo de deportaciones masivas.
En el marco de su propuesta, Trump indicó que el programa comenzará desde el primer día de su gobierno, aunque no ha especificado cómo se financiará ni cómo se garantizará el personal necesario para una operación de tal magnitud. En este sentido, algunos críticos advierten que la medida podría infringir la ley, ya que no existe legislación que autorice al presidente a utilizar fuerzas militares para la aplicación de la ley migratoria interna, como lo destacó la organización defensora de los derechos migrantes *America's Voice*.
El plan de Trump incluye la movilización de la Guardia Nacional de varios estados, bajo la coordinación de los gobernadores republicanos, quienes colaborarían en el esfuerzo para arrestar a inmigrantes irregulares, establecer centros de detención y llevar a cabo deportaciones. De hecho, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ya anunció que lanzará un programa piloto este mes para entregar a los indocumentados encarcelados en su estado a las autoridades federales de inmigración.
A pesar del apoyo de figuras republicanas, algunos líderes del partido también han comenzado a reconocer públicamente la necesidad urgente de mano de obra migrante, argumentando que la falta de trabajadores migrantes podría afectar gravemente a la economía nacional. En este sentido, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, instó a la reforma del sistema de visas de trabajo para alentar la inmigración legal.
Mientras tanto, grupos pro derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), ya están preparando acciones legales para impugnar el plan de deportaciones masivas de la administración entrante, alertando sobre los posibles abusos de poder que implicaría la movilización de tropas para la aplicación de la ley migratoria.
La situación sigue siendo polémica, y aunque Trump insiste en que la migración representa una emergencia nacional, su plan enfrenta obstáculos legales y políticos que podrían dar lugar a intensos debates en los próximos meses.
